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PROGRAMA REGIONAL DE APOYO A LA CAPACIDAD JURÍDICA (PRACJ)

pracj

 

El Programa Regional de Apoyo a la Capacidad Jurídica de la Fundación Sociosanitaria, tiene como objetivo proporcionar asistencia y apoyo a las personas derivadas a través de la Comisión de Tutela de Castilla-La Mancha, y que les ha sido reconocida judicialmente esta necesidad. 

Este apoyo al ejercicio de la capacidad jurídica, asignado por los Juzgados y Tribunales de Justicia, viene contemplado de forma expresa en el Código Civil, por lo que es función de esta entidad proveer a estas personas del necesario, tanto para el ejercicio de la capacidad jurídica como para la toma de decisiones respecto de su persona, de sus derechos o intereses.

Nuestros valores de trabajo

En plena concordancia con los principios generales de la Convención de Nueva York, sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, nuestros valores de trabajo se definen por:

  • El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias decisiones, y la independencia de las personas
  • La no discriminación
  • La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad
  • El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad como parte de la diversidad y a condición humanas
  • La igualdad de oportunidades
  • La accesibilidad
  • La igualdad entre el hombre y la mujer

Estos se ven complementados con otros dos fundamentales: la inclusión y la globalidad.

  • La inclusión, teniendo como principio inspirador el mantenimiento de la persona en su propio  entorno familiar y social, favoreciendo a través del trabajo en red la inclusión laboral y social.
  • La globalidad, enmarcando nuestra intervención en coherencia con el resto de atención que desde las distintas redes se pueda estar proporcionando

Conceptualizando el Programa

La Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, señala que el propósito de la Convención de Nueva York es promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales por todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su dignidad inherente.

Para la prestación de estos apoyos, la Fundación cuenta con un equipo multiprofesional, que será el que acompañe a la persona, incorporando en primera línea el proyecto vital e individual de cada una de estas, basado en su voluntad, deseos o preferencias.

De esta manera, nos ajustamos a las obligaciones del curador establecidas en la Ley 8/2021 para el ejercicio de la curatela:

  • Una vez en el ejercicio de la curatela, estará obligado a mantener contacto personal con la persona a la que va a prestar apoyo y a desempeñar las funciones encomendadas con la diligencia debida.
  • El curador asistirá a la persona a la que preste apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica respetando su voluntad, deseos y preferencias.
  • El curador procurará que la persona con discapacidad pueda desarrollar su propio proceso de toma de decisiones.
  • El curador procurará fomentar las aptitudes de la persona a la que preste apoyo, de modo que pueda ejercer su capacidad con menos apoyo en el futuro.

¿A quién va dirigido?

Los destinatarios del Programa son personas adultas que presentan problemas de salud mental, personas con conductas adictivas y personas con patología dual de los anteriores, sobre las que ha sido judicialmente reconocida la necesidad de asistencia y apoyo.

Han de residir en Castilla-La Mancha y han de tener entre 18 y 65 años de edad.

Vías de acceso

La asunción de casos por la FSCLM seguirá el procedimiento regional, que establece que será  la Comisión de Tutela la responsable de derivar los casos para su valoración a la Fundación que haya considerado adecuada, conforme a los criterios expuestos anteriormente.

Desarrollo de la actividad

Ámbito: La atención es prestada por la FSCLM en las cinco provincias de la Comunidad Autónoma. 

Alcance: La prestación de los apoyos judiciales se circunscribe a los términos establecidos en el auto o sentencia de cada persona.

La cartera de nuestras posibles actuaciones:

  1. Atención  psicosocial, dirigida especialmente a garantizar y facilitar la accesibilidad a los servicios sociosanitarios y comunitarios que den respuesta a la cobertura de las necesidades de las persona atendidas. Para tal fin, se realizan las siguientes acciones:
  • Evaluación inicial de necesidades individuales y diseño de plan de intervención en el que se establezcan las acciones necesarias para garantizar la cobertura de necesidades básicas, mejora en calidad de vida y todo aquello que promueva un mayor bienestar de la persona.
  • Coordinación con los dispositivos de la red implicados en el tratamiento de la persona.
  • Tramitación, y acompañamiento cuando lo requiera, para la realización de las pruebas médicas de valoración, diagnóstico, así como la solicitud de prestaciones de todo tipo, asistiendo en la toma de decisiones al respecto de estas cuestiones.
  • Búsqueda de recursos y/o apoyo que garanticen la cobertura de necesidades atención domiciliaria o servicio residencial adecuado. Solicitud de prestaciones de todo tipo.
  • Guiar y/o acompañar en todas aquellas acciones que favorezcan el seguimiento y cumplimiento de su estado de salud, así como en aquellas  encaminadas a un mejor manejo del entorno comunitario y en definitiva a la integración social.
  • Favorecer la inclusión en su medio habitual.
  1. Asistencia para la administración de bienes

En esta área de intervención, se garantiza una adecuada administración de los bienes de las personas atendidas y la protección de sus derechos. Para tal fin, se realizan diferentes actividades: formación de inventario, administración de rentas y patrimonios, seguimiento de ingresos y gastos, apoyo y supervisión en la gestión económica diaria  incluyendo el dinero de bolsillo, realización de  la rendición anual de cuentas, etc.

  1. Asistencia jurídica en todo el proceso de apoyo legal que supone la provisión de medidas judiciales de apoyo a personas con discapacidad. Para tal fin, se realizan las siguientes acciones:
  • Evaluar las necesidades en el área jurídica (civil, penal y laboral).
  • Tramitación de documentación jurídica (solicitar autorización para vender, gravar, etc. bienes y posesiones de la persona, pedir autorización de internamiento).
  • Servicio de letrado para la defensa de los derechos de las personas atendidas (testamentaria, declaración de herederos, contratos, autorizaciones judiciales, etc.).
  • Formalización de inventario.
  • Velar por el cumplimiento legal en forma y plazos de todas las acciones desarrolladas por la Fundación con las personas asistidas.
  • Comparecencia en juzgados.